Los actores sociales y políticos en Chile coinciden en la necesidad de que una nueva Constitución es el objetivo central de las movilizaciones sociales desde el 18 de octubre de 2019. Ya no hay dudas. Incluso la Administración Piñera se abrió a esta salida. Ahora la tarea es el cómo redactar la nueva Carta Magna.

La segunda gran demanda ordenadora es la ruta de una Asamblea Constituyente. Asamblea que no es otra cosa que la formulación participativa y resolutiva de la nueva Constitución Política de la República. Constitución porque constituye un cierto acuerdo o contrato societal previo que se deja plasmado en un texto ordenador o en la “Ley de todas las Leyes”. Constitución, en su origen, contiene un prefijo latino CON de hacerlo por “todos” y un verbo STATUERE (estatuir) “establecer y organizar”. Es decir organizarse en sociedad conjuntamente, de todos los/las participantes o ciudadanías, para el caso de la República, (Res-asunto/Pública-populus) los asuntos del pueblo, los asuntos públicos.

Tanto Asamblea como Constituyente refuerzan en sí la idea de una relación colectiva, de debate en pluralidad y, por cierto, de acuerdo conjunto. No es una imposición arbitraria de un grupo de poder, como sucedió con la Constitución de 1980 impuesta por Pinochet y reafirmada en la transición a la democracia chilena.

Una Asamblea Constituyente no es solo un asunto técnico, de arquitectura jurídica. Así como la Constitución regula el poder político, el asunto constitucional es siempre político, antes que técnico o jurídico.  Algunos, más para enredar que para despejar, querrán llevar el proceso constituyente al debate de la técnica-jurídica o de los códigos académicos disciplinares. Ya que con ese argumento, piensan, una buena parte de la ciudadanía no reconocería la estructura pre-acordada de los expertos y quedaría fuera del debate de tecnócratas.

Sin embargo, debemos reafirmar que el cambio de Constitución y una Asamblea Constituyente es ante todo una decisión política, una voluntad ciudadana que apunta a la participación más amplia posible de toda la comunidad. Una potencia soberana que acumula suficiente poder social y ético que es capaz de cambiar la resistida normalidad del país de los abusos.

La Nueva Constitución debe realizarse en un Proceso Constituyente participativo, debatido con la más amplia pluralidad; se requiere un procedimiento que sea exactamente lo contrario a la formulación dictatorial de la actual Constitución de Pinochet y distante de la Cocina Política de la transición. Una Constitución que hagamos entre todos y todas. Con condiciones igualitarias en su discusión y formulación.

Una Constitución legítima debe surgir de una democracia deliberativa y resolutiva, y no de una democracia de artificiosa representatividad en crisis, consumida por la sobre representación de los poderes empresariales y fácticos que impiden/limitan los cambios sociales en beneficio de las grandes mayorías. Una Nueva Constitución debiera traer consigo una Nueva Democracia con arreglo a derechos sociales más que a intereses económicos.

La ciudadanía sabe que se juega los destinos de los próximos 50 años y que está comprometida la conciencia de dos docenas de asesinados, de dos centenas de mutilados en la vista, de miles de agredidos y millones de chilenas y chilenos movilizados.

Fernando Quilaleo

Profesional Fundación FIEL