No existe ninguna razón para no atrevernos a pensar fuera del marco constitucional actual y realizar un proceso constituyente que tome como base los cientos de cabildos autoconvocados que hoy están reuniéndose en todo el país.

Por Camila Vergara, Investigadora Columbia Law School

Según las últimas encuestas, la mayoría de los chilenos quiere una nueva constitución y, de ellos, la mayoría prefiere una asamblea constituyente, en la que se elijan representantes por voto popular.

Convocar a una asamblea constituyente nacional es la propuesta más “extrema” o “democrática” de las que hoy circulan entre constitucionalistas y políticos. Pero el principal problema de un proceso constituyente liderado por una asamblea nacional es que constituye un mecanismo elitista, en la que sólo unos pocos “elegidos” redactarían la Constitución de acuerdo a sus propias convicciones, teniendo el monopolio de la decisión en cuanto a las reglas fundamentales que regirán la sociedad.

Algunos argumentan que la ratificación del pueblo al término del proceso es suficiente para dar legitimidad popular al proceso. Sin embargo, no se puede “editar” el texto a través de un plebiscito; los votantes están obligados a aprobar o rechazar el texto completo.

Camila Vergara

Experiencias previas con referéndums de esta naturaleza indican que si el proceso fue medianamente legítimo y/o el Presidente que impulsa el proceso es popular, la Constitución será aprobada por los ciudadanos sin una mayor discusión acerca de sus méritos reales y sus posibles consecuencias. En tal proceso, la participación del pueblo chileno, de los que marchan y protesta, sería prácticamente nula. Aunque incluso el gobierno habla de incluir mayor participación popular, esta participación se traduciría sólo a “voz” y no al poder de decidir. Si este es el caso, la participación voluntaria de la gente en cabildos tendría la consecuencia de legitimar un proceso constituyente elitista en vez de crear las condiciones para que el pueblo tenga un rol activo y vinculante en la creación del nuevo pacto social.

Debido a que este proceso constituyente se origina hoy en el pueblo movilizado, en la resistencia al orden neoliberal, es necesario canalizar esta energía constituyente desde las calles hacia las instituciones; pero no apoyando un proceso constituyente elitista, sino demandando la institucionalización de los órganos del pueblo: los cabildos.

El proceso constituyente debe empezar en cabildos constituyentes en todo el país, donde los residentes puedan reunirse para deliberar y decidir cuáles debieran ser los derechos y principios fundamentales de la nueva Constitución. No existe ninguna razón para no atrevernos a pensar fuera del marco constitucional actual y realizar un proceso constituyente que tome como base los cientos de cabildos autoconvocados que hoy están reuniéndose en todo el país. Lo único que se necesita es imaginación institucional, voluntad política y presupuesto fiscal.

Como en la democracia ateniense, luego de que Pericles estableciera el pago por atender la asamblea para que la clase trabajadora pudiese asistir y hacer política en igualdad con las élites, las personas que asistan a los cabildos debieran recibir un salario por su servicio cívico y tres comidas diarias además de un sistema de cuidado de niños para hacer realidad la igualdad de acceso de clase y género. Cuatro reuniones a nivel nacional para debatir los principios y derechos de la nueva constitución podría costar entre 1-2% del PIB. Aunque 5 mil millones de dólares puede sonar como una suma estratoférica para dedicar a un proceso político, si consideramos que el 1% más rico de Chile es dueño de 92 mil millones (16% del PIB), y que gran parte de este patrimonio ha sido adquirido durante estos 30 años de capitalismo neoliberal y estado subsidiario, el pago a gente común y corriente para que decida un nuevo pacto social parece no sólo justo pero necesario. Sería la manera más eficiente no sólo de hacer llegar recursos directamente a quienes están siendo golpeados por esta crisis, sino que también para articular el tejido social e instaurar un espíritu cívico en todo Chile, haciendo de las personas actores políticos en vez de meros sujetos de un sistema de partidos que los excluye.

El pueblo debe decidir, pero el pueblo no decide a través de la elección de representantes. El pueblo debe decidir en cabildos, y quienes sean elegidos para redactar el texto constitucional, deben obedecer la autoridad popular emanada de la acción colectiva.

El pueblo movilizado debiera demandar al Presidente, además de convocar a una asamblea nacional elegida por voto popular para redactar la Constitución, el establecimiento de cabildos constituyentes en todos los distritos para que el diálogo constitucional se lleve a cabo lo antes posible sin la interferencia del estado y los partidos políticos.

En medio de la crisis sociopolítica que vive Chile, el nuevo pacto social tiene que aspirar a tener una autoridad incontestable que emane directamente del pueblo. Este no es un momento para una política de acuerdos sino que para un experimento democrático realmente radical: que vaya a la raíz y construya, desde las bases, la infraestructura legal necesaria para un nuevo pacto social.